El término “brecha digital” proviene del inglés “digital divide”. Fue utilizado originalmente en Estados Unidos durante la administración de Bill Clinton para referirse al riesgo de que la población se dividiera en dos grupos: quienes usaban internet y quienes no. Generalmente la brecha se ha referido a la diferencia de ricos y pobres, aunque también se emplean otras variables sociodemográficas, como sexo, edad, escolaridad, raza y lugar de residencia. Igualmente, la noción de brecha digital se ha ampliado desde la adopción de internet hasta el acceso y uso eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en general (banda ancha, internet móvil, etc.).
La importancia de estudiar, y más aún reducir, la brecha digital, radica en la relación entre tecnología y desarrollo. A medida que un país tiene mayor acceso a la tecnología, sus posibilidades de desarrollo lucen más favorables. En los años sesenta y setenta se promovieron en América Latina muchos programas nacionales con apoyo de organismos internacionales orientados a transferir tecnología de los países desarrollados hacia los países pobres. Este discurso se generaliza posteriormente con la expansión de internet.
En Latinoamérica, el acceso de la población a internet y el ingreso por habitante están directamente relacionados. No obstante, países con el mismo nivel de ingreso presentan diferencias en la adopción de internet y de las TIC en general, que pueden explicarse por otras variables extra económicas como las políticas públicas, la educación de la población y la dinámica competitiva de la industria.
A pesar de que la penetración de internet en Latinoamérica viene creciendo, una parte importante de la población todavía no utiliza la red. En la medida que la brecha se acorte, los habitantes de esta región tendrán mayores oportunidades para acceder a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), con su impacto en el desarrollo. Políticas públicas que favorezcan la adopción de internet serán de gran ayuda, sobre todo para aquellas zonas geográficas donde la red tiene una menor presencia. Estas políticas gubernamentales no tienen porque limitarse a apoyar directamente a la población sino que pueden operar también sobre la industria, de forma de incentivar el desarrollo de infraestructura y la oferta de servicios.
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